Los indultos que pudieran ser necesarios en algunas excepcionalidades, resulta que se esta convirtiendo en un “poder perverso” del ejecutivo, pasando por encima del judicial, que es el que dicta la condena basada en criterios legales.

Estos indultos se han convertido en una influencia igual a la que tenían los reyes sobre sus súbditos, una especie de “derecho de pernada”.

Con esta facultad arbitral el Gobierno esta interfiriendo en decisiones judiciales muy importantes, y además crea un clima de que todos no somos iguales ante la Ley. Pudiendo ser esta facultad ejercida por el Gobierno un dislate del derecho constitucional. Creando además la visión de que la justicia es para los ricos, y si por algún “error” estos pudieran ser condenados, aun le quedaría la “gracia del gobierno” para que la justicia se quite la venda.

El indulto es una especie de “chiringuito montado por los partidos” para favorecer casos, de una crueldad muy especial hacia sus ciudadanos, y se a convertido un instrumento para salvar a policías condenados por tortura, banqueros que acusaron falsamente a la competencia para hundirla, empresarios que defraudaron a Hacienda o políticos corruptos.

El Gobierno a utilizado este “derecho de pernada” sobre la justicia, utilizando este privilegio que es equivalente al que tenían los reyes absolutistas en la Edad Media, y que en una constitución democrática tendría que estar abolido, o al menos quedar en manos de los jueces.

El Gobierno a indultado a cuatro mossos d’Esquadra que fueron condenados por el Tribunal Supremo en 2009, por delitos contra la integridad moral y torturas y lesiones.

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d’esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses y al quinto a seis meses de cárcel por los delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, inviolabilidad de domicilio, contra la integridad moral y maltrato.

Estos policías torturadores que debieran velar por nuestra seguridad están en la calle, para poder ejercer la violencia, y el gobierno seria el principal culpable si cometieran algún delito contra los ciudadanos. ¿Podemos confiar en al justicia? ¿En la Policía? ¿En el Gobierno?.

El Gobierno indultó al ex dirigente de Unió Democrática de Catalunya (UDC) Josep María Servitje Roca, ex secretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalidad de Cataluña durante los gobiernos autonómicos de Jordi Pujol (CiU).

Servitje fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de “inhabilitación absoluta” por “un delito continuado de malversación de caudales públicos”, en 1994, en el entramado que se conoció como caso Trabajo.

Gracias al indulto del Gobierno del PP solo tendrá que pagar 3.600 euros de multa. El indulto se aprobó el pasado 17 de febrero de 2012 pero no fue hasta el pasado 13 de marzo de 2012 que se hizo público a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se opuso, recientemente al indulto por la “especial gravedad de los hechos por afectar al erario público”,  y no vio motivos jurídicos para defender que los condenados no cumplan con la justicia –La Audiencia de Barcelona se opone al indulto del ex número dos de Trabajo–.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que los indultos parciales concedidos a dos condenados en 2009 en el caso Treball por prevaricación respondieron a razones humanitarias y ha defendido que esta medida no supone despenalizar el delito de corrupción.

Carmen, de 92 años, y Urbano, de 76, fueron denunciados y citados a un juicio inmediato por robar una lata de anchoas en un supermercado. La acusación particular pide para los dos cuatro días de arresto domiciliario. Esto podría ser razones humanitarias.

José Luis Ramírez, ha mostrado el desacuerdo de su asociación con la Ley de Indulto, que data de 1870 y otorga al Ejecutivo “una facultad que puede interferir” en decisiones ajustadas a Derecho.

Pero no creas que el indulto es para todos…NO… solo para los poderosos, eso es lo que no nos dicen que trae la letra pequeña, de esta prerrogativa de los gobiernos.